Desde SAMSO, como despacho especializado en transición energética, queremos aportar lo que nos corresponde: rigor técnico y jurídico.

Lo que dicen los informes. Todos.

El informe de ENTSO-E, el de REDEIA, el del Ministerio y el de la Universidad Comillas coinciden en la misma dirección:

• El apagón no fue causado por falta de inercia.
• Fue un fallo en el control de tensión de la red.

No es un matiz menor. Es la diferencia entre identificar correctamente el problema o buscar soluciones en el lugar equivocado.

El verdadero problema: la regulación iba por detrás

El 28 de abril de 2025, las energías renovables NO podían participar en el control de tensión de la red. No por una limitación tecnológica, sino porque el Procedimiento de Operación 7.4 no lo permitía.

El sector llevaba más de cuatro años solicitando esta actualización normativa. Llegó después del apagón, no antes.

Esta es la principal lección jurídica y regulatoria del 28 de abril: la normativa no puede ir por detrás de la tecnología. Cuando esto ocurre, el coste lo asumen los ciudadanos.

En cuanto al impacto económico, solo en restricciones técnicas de control de tensión, el sistema asumió 2.303 millones de euros en 2025. De ellos, 725 millones corresponden al sobrecoste directo de la operación reforzada posterior al apagón.

Un año después: avances y retos

Lo que ha mejorado

Desde marzo de 2026, las energías renovables ya pueden participar en el control de tensión. Actualmente hay 4,5 GW habilitados. El coste de las restricciones se ha reducido de forma significativa.

Lo que queda pendiente

El potencial renovable habilitable podría alcanzar los 32,5 GW, pero la retribución actual es de 1 €/MVArh, frente a los 100–200 €/MVArh que reciben los ciclos combinados de gas por el mismo servicio. Esta diferencia ralentiza el despliegue.

También queda por desarrollar la regulación del grid-forming, la tecnología que permitirá a las renovables y al almacenamiento aportar también servicios de inercia. La tecnología ya existe.

La pregunta que queda abierta

El debate sobre si las renovables son compatibles con la seguridad del sistema ya tiene respuesta técnica: sí lo son, y con la regulación adecuada pueden ser su principal garante.

La pregunta que queda sobre la mesa es otra: ¿seremos capaces de actualizar el marco regulatorio con la velocidad que el sistema necesita, antes del próximo incidente?

En los últimos tiempos se ha avanzado. Y un año después, estamos mejor. Pero debemos seguir avanzando.

La entrada Un año del gran apagón del sistema eléctrico en España: rigor y aprendizajes se publicó primero en Samso.

A primera vista, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, puede parecer una norma de urgencia pensada para amortiguar los efectos de la nueva crisis energética internacional desencadenada por la guerra en Irán y la inestabilidad en Oriente Medio. Y, en efecto, esa dimensión existe: el texto incluye rebajas fiscales, medidas de protección social, apoyo a sectores expuestos y mecanismos coyunturales de contención. Pero quedarse ahí sería leer solo la superficie de la norma. El propio preámbulo explica que, junto a ese “escudo” inmediato, el RDL incorpora un segundo eje, de naturaleza estructural, destinado a acelerar la electrificación de la economía, reforzar el despliegue renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Eso es precisamente lo más relevante del texto: no se limita a responder a una crisis, sino que aprovecha la crisis para reordenar prioridades. El RDL 7/2026 puede leerse como una norma de coyuntura, pero también como una norma de dirección política y jurídica. Y en esa dirección aparecen con nitidez varias ideas fuerza: más protagonismo local, más autoconsumo, más comunidad energética, más electrificación y una mayor exigencia de retorno territorial y legitimidad social en el despliegue renovable.

La transición energética se vuelve más local

Uno de los cambios más significativos del RDL 7/2026 es la reforma de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La disposición final segunda añade un nuevo epígrafe p) al artículo 25.2 y reconoce como competencia propia municipal la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables, así como el impulso de actuaciones de transición energética como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo. No estamos ante una mera declaración programática: el legislador incorpora un anclaje competencial expreso en la legislación básica de régimen local. En buena medida, se trata de la trasposición al ordenamiento local de lo que las Directivas europeas ya reconocían a la administración local como actor de la transición energética, y que tenía que encontrar reflejo en la Ley de Bases de Régimen Local.

La relevancia de este cambio no es menor. Durante años, la acción local en materia energética se ha movido entre títulos competenciales indirectos, políticas sectoriales y márgenes interpretativos más o menos amplios. Con esta reforma, la dimensión energética local gana densidad jurídica. No significa que los municipios pasen a ostentar una competencia general sobre “la energía”, pero sí que disponen ahora de una base legal explícita para impulsar instrumentos concretos de transición energética en su territorio. Para ayuntamientos, diputaciones y entes locales, esto puede suponer un antes y un después en términos de seguridad jurídica, diseño de políticas públicas y legitimación de la iniciativa municipal. Y lo que es igual de importante: facilita que los municipios puedan participar directamente en comunidades energéticas y ceder espacios municipales para estos proyectos, algo que hasta ahora se veía dificultado por la falta de cobertura normativa explícita.

El autoconsumo cambia de escala: fotovoltaica y eólica a 5 km

Otro de los grandes ejes del RDL es la consolidación del autoconsumo como realidad estructural del sistema eléctrico. La disposición final decimocuarta modifica el Real Decreto 244/2019 y reconfigura el concepto de instalación de producción próxima y asociada a través de red, estableciendo dos niveles de distancia claramente diferenciados.

El primero mantiene la regla general vigente: se consideran próximas las instalaciones conectadas a menos de 500 metros de los consumidores asociados. El segundo nivel es la novedad central: las instalaciones fotovoltaicas o eólicas de hasta 5 MW podrán situarse a una distancia de hasta 5.000 metros de los consumidores, conectándose a través de las líneas de transporte o distribución. Conviene recordar que el régimen anterior ya contemplaba una distancia intermedia de hasta 2 km para determinados supuestos, pero con restricciones que limitaban su operatividad real. El RDL simplifica y amplia este marco de un modo mucho más decidido.

El RDL trata a ambas tecnologías —fotovoltaica y eólica— en plano de igualdad. No hay primacía de una sobre otra: las dos acceden al mismo umbral de 5 MW y 5 km. Ahora bien, el impacto práctico será distinto en cada caso, y conviene detenerse en ambos.

En el caso de la fotovoltaica, la reforma es especialmente transformadora. Hasta ahora, el autoconsumo compartido fotovoltaico se desarrollaba esencialmente en cubiertas y en perímetros de proximidad muy estrictos. Con la ampliación a 5 km, se abre la puerta a un modelo completamente distinto: parques fotovoltaicos sobre suelo de hasta 5 MW vinculados al autoconsumo colectivo de barrios, municipios, polígonos industriales o agrupaciones de consumidores. Es un salto cualitativo que permite pasar de un autoconsumo fragmentado y de pequeña escala a proyectos planificables, con mayor eficiencia y capacidad de generar impacto económico y social a nivel local.

En el caso de la eólica, la reforma es igualmente relevante, aunque apunta a un segmento diferente. Habilitar instalaciones eólicas de hasta 5 MW asociadas a autoconsumo colectivo en un radio de 5 km abre un espacio real para la minieolica y la mediana eólica distribuida, especialmente en territorios con buen recurso de viento. Piénsese en comarcas de montaña, zonas costeras o altiplanos interiores donde un aerogenerador de rango medio puede complementar —o incluso superar en rendimiento— a una instalación fotovoltaica equivalente. Que en muchos municipios rurales de España pueda existir una instalación eólica compartida que suministre energía directamente a los consumidores del propio municipio, bajando la factura energética local y generando retorno directo en el territorio, es una posibilidad que hasta ahora no tenía encaje normativo real. El RDL, con esta medida, no solo amplía el autoconsumo: diversifica tecnológicamente la generación distribuida.

Una condición importante que los promotores deben tener presente: cuando se opte por la modalidad de autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red, este deberá pertenecer obligatoriamente a la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. No cabe, por tanto, el autoconsumo colectivo a 5 km sin excedentes.

El gestor de autoconsumo y la profesionalización de la gestión colectiva

A la ampliación de distancias y tecnologías se suma la creación de la figura del gestor de autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico. La disposición final octava introduce una nueva letra m) en el artículo 6 de la Ley 24/2013 y define a los gestores de autoconsumo como las personas físicas o jurídicas que representan los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo, realizando en su nombre las gestiones necesarias para su buen funcionamiento.

Se trata de una reforma menos vistosa que la de los 5 km, pero probablemente tanto o más importante en términos prácticos. Uno de los principales cuellos de botella del autoconsumo compartido no ha sido tecnológico, sino organizativo y administrativo. Dar reconocimiento jurídico a una figura que reúna toda la documentación y gestione los trámites puede contribuir decisivamente a profesionalizar y agilizar proyectos que, hasta ahora, dependían en exceso de la capacidad voluntarista de sus promotores.

La norma, además, refuerza los derechos de quienes tramitan expedientes de autoconsumo al exigir a las distribuidoras un servicio de atención específico, con teléfono gratuito, canal electrónico y acuse automatizado de recibo, además de información sobre el estado y los pasos del expediente. Es una medida que responde a una necesidad sentida por el sector: la de disponer de un canal real de comunicación con el gestor de la red para saber en qué punto está cada expediente y qué se necesita en cada paso.

A ello se añade la liberación del 10 % de la capacidad reservada en nudos de concurso para nuevas instalaciones renovables asociadas a modalidades de autoconsumo. Esta reserva, regulada en la disposición adicional décima, introduce un espacio material de acceso a la red para estos proyectos, si bien establece dos condiciones relevantes: la instalación debe estar asociada a una modalidad de autoconsumo y el cociente entre la potencia contratada en periodo P1 y la potencia instalada debe ser al menos de 0,5. Además, la reserva tiene una vigencia de dos años desde la entrada en vigor del RDL, lo que confiere al mecanismo un carácter de ventana de oportunidad que conviene no desaprovechar.

Las comunidades energéticas adquieren protagonismo

Si el autoconsumo gana escala, las comunidades energéticas ganan, además, centralidad institucional. El RDL 7/2026 no solo las menciona: las inserta en varios niveles del ordenamiento. Por un lado, como se ha dicho, las conecta con una competencia municipal expresa. Por otro, la disposición adicional novena habilita al IDAE para convocar un programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria dotado con 10 millones de euros. Y, además, la disposición final decimoséptima mandata al Gobierno aprobar, en el plazo de tres meses, un real decreto de desarrollo reglamentario de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía definidas en los artículos 12 bis y 12 ter de la Ley 24/2013.

Este mandato reglamentario es especialmente relevante. Hasta ahora, una de las principales debilidades del marco español era el reconocimiento reglamentario de estas figuras sin un desarrollo suficientemente operativo. El sector necesita un marco normativo que garantice que estos proyectos pueden participar en igualdad de condiciones en el sistema energético, y el RDL parece asumir que esa anomalía ya no es sostenible. Y lo hace con una previsión adicional de enorme interés: el futuro reglamento deberá contemplar la posibilidad de reservar cupos de potencia en las subastas del régimen económico de energías renovables para proyectos con participación ciudadana o impulsados por entidades locales. Dicho de otro modo: la ciudadanía y los municipios podrán competir en las subastas de renovables. En términos jurídicos y políticos, esto significa empezar a abrir el diseño de mercado a actores que no encajan en el molde clásico del gran promotor.

Electrificación: del discurso al incentivo concreto

El RDL 7/2026 también apuesta de forma decidida por la electrificación del calor y de determinados consumos industriales. El artículo 9 ordena aprobar, en un plazo de un mes, coeficientes de corrección multiplicadores en el sistema de Certificados de Ahorro Energético para la sustitución de calderas de combustión por bombas de calor eléctricas, con un tratamiento reforzado para hogares vulnerables. La lógica es clara: instalar una bomba de calor generará más CAEs por cada kWh ahorrado, lo que se traduce en más valor, más retorno y más incentivo para dar el salto.

Junto a ello, la disposición final tercera exime de ITP/AJD las transmisiones de ahorros energéticos en el marco del sistema CAE, eliminando un peaje fiscal que encarecía y dificultaba la circulación de este instrumento. Y el artículo 44 modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir bonificaciones de hasta el 50 % en el IBI para inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o ambiente —incluida expresamente la aerotermia—, así como bonificaciones de hasta el 95 % en el ICIO para obras que incorporen estos sistemas. La norma permite incluso que las ordenanzas municipales establezcan un tratamiento diferenciado cuando exista cesión de espacios vinculada a comunidades energéticas.

En paralelo, la reforma de la regla 14.ª de las Tarifas del IAE excluye del cómputo de potencia tributable los hornos y calderas eléctricos. Es un cambio silencioso pero con impacto real: electrificar procesos industriales deja de penalizarse fiscalmente, lo que abre una puerta importante para pymes y empresas que quieran descarbonizar sus procesos productivos.

Finalmente, la disposición final primera modifica la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que la instalación de sistemas de energías renovables, incluyendo expresamente aerotermia y geotermia, pueda aprobarse por un tercio de propietarios y cuotas, un cambio que puede desbloquear miles de comunidades de vecinos que hoy no pueden avanzar. Todo ello dibuja una pauta coherente: la electrificación ya no se formula solo como objetivo climático, sino como política de seguridad energética y de reorganización del marco de incentivos.

Renovables con retorno territorial y mayor licencia social

Quizá una de las novedades más interesantes del RDL sea su intento de responder al problema de la aceptación territorial del despliegue renovable. Muchos municipios y comunidades locales perciben que las instalaciones renovables no generan retorno suficiente al territorio. Esa percepción es a veces fundada y a veces no, pero el RDL opta por dar respuestas concretas en lugar de ignorar el debate.

El artículo 20 crea un estándar de excelencia social y territorial para proyectos energéticos, que se regulará por orden ministerial. Su obtención es voluntaria, pero puede constituir mérito acreditable en procedimientos de acceso y conexión, en subastas y a efectos de tramitación preferente. Entre los criterios mínimos figuran mecanismos de participación ciudadana, creación de empleo local, programas de impulso de comunidades energéticas o autoconsumo compartido, lucha contra la pobreza energética y exigencias de excelencia ambiental.

El artículo 21 da un paso más y declara de urgencia, por razones de interés público, la tramitación de determinados proyectos, entre ellos los acreditados con ese estándar, los situados íntegramente en zonas de baja sensibilidad ambiental, los incluidos en la planificación de la red, los declarados proyectos estratégicos de inversión o instalaciones energéticas estratégicas, y las repotenciaciones. A la vez, la norma amplía el plazo de información pública a 45 días hábiles y exige que el promotor acredite haber informado previamente a propietarios afectados y entidades locales. No se trata, por tanto, solo de acelerar; también de ordenar mejor y de reforzar la dimensión relacional del proyecto con el territorio.

Aún más estructural es la introducción de un nuevo epígrafe k) en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley del Sector Eléctrico. A partir de ahora, las instalaciones de producción conectadas a una tensión igual o superior a 132 kV —es decir, los grandes parques— deberán trasladar, directa o indirectamente, una parte de los beneficios de los proyectos a los ciudadanos y comunidades locales próximas, con procesos locales de participación y apertura a la implicación de las entidades locales afectadas. El legislador deja claro, además, que ese beneficio no puede identificarse con el mero cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización. Es una cláusula de retorno territorial, no una simple reiteración de deberes ya existentes. Esta obligación, además, entronca con la línea propuesta por la Comisión Europea en la modificación de las Directivas (UE) 2018/2001 y 2019/944, lo que sitúa a España entre los primeros Estados miembros en dar este paso a nivel legislativo.

Una norma de crisis, sí; pero también una norma de cambio

En conjunto, el RDL 7/2026 puede leerse como una respuesta de urgencia a una nueva crisis energética internacional. Pero sería un error reducirlo a eso. La norma contiene una visión de fondo: menos dependencia fósil, más electrificación, más capacidad renovable, más autoconsumo, más protagonismo local y más exigencia de legitimidad social en el territorio. Su principal virtud quizá no sea una medida aislada, sino la combinación de varias reformas que, tomadas conjuntamente, empiezan a dibujar un ecosistema distinto.

Quedará por ver, naturalmente, cuál es el alcance real de su desarrollo reglamentario y cómo se aterrizan muchas de estas previsiones en la práctica administrativa. Pero, al menos desde un primer análisis jurídico y político, el mensaje del texto parece claro: la transición energética española ya no puede pensarse solo desde grandes infraestructuras y señales de mercado. También debe construirse desde lo local, desde la participación, desde la gestión colectiva y desde un reparto más justo de los beneficios. Y en ese sentido, el RDL 7/2026 no es solo una norma de coyuntura. Es, también, una norma de inflexión.

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Desde Samsø hemos tenido el honor de acompañar técnicamente a la OTC y al Área de Transición Ecológica de la Diputación en este proceso, que ha permitido asesorar a 35 municipios en la creación de comunidades energéticas, lograr la constitución formal de 5 de ellas, y la inscripción en el registro autonómico de dos iniciativas pioneras en Extremadura.

La jornada no solo sirvió para reconocer el trabajo realizado, sino también para lanzar nuevos servicios provinciales (como el acuerdo marco de pellet y la gestión energética municipal), y, sobre todo, para presentar una iniciativa innovadora: la creación de una asociación de asociaciones de comunidades energéticas en la provincia de Badajoz. Esta propuesta pretende consolidar una red colaborativa, con capacidad de interlocución y con vocación de escalar el impacto territorial de estas experiencias, dando sostenibilidad técnica y política al esfuerzo iniciado.

Durante el evento, Joan Herrera —director de estrategia de Samsø— presentó la propuesta de articulación territorial, destacando el papel transformador de las comunidades energéticas cuando se asocian al liderazgo público y a una visión compartida de desarrollo sostenible. Como explicó, estamos ante una nueva generación de instrumentos de política energética de proximidad, que deben ir más allá del autoconsumo para integrar movilidad eléctrica, almacenamiento compartido y participación ciudadana activa.

Desde Samsø celebramos el liderazgo valiente de la Diputación de Badajoz y reafirmamos nuestro compromiso con los territorios que apuestan por una transición energética justa, descentralizada y con retorno para la ciudadanía.

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Pacto y gobernanza

El decreto sitúa el acuerdo social y territorial en el centro del despliegue renovable. Entre las medidas destacadas:

– Se definen dos fases de participación ciudadana: una de información pública y una segunda que permite a municipios y ciudadanía invertir y participar directamente en los proyectos.

– Los proyectos deben incluir un informe sobre la aceptación social, fomentando el retorno al territorio y la corresponsabilidad local.

– Se crean mesas de diálogo en cada veguería y se establecen acuerdos con el sector agrario para preservar suelos de valor agrícola.

Este enfoque busca reducir la litigiosidad y consolidar un marco de confianza entre administración, sector energético y ciudadanía.

Ambición para el cambio

Cataluña, que hasta ahora tenía cierto retraso en la transición energética, apuesta ahora por un modelo más robusto y sostenible. El decreto prevé:

– Considerar el almacenamiento eléctrico con baterías como infraestructura de interés público, clave para garantizar un suministro estable.

– Agilizar la tramitación de proyectos en espacios degradados o artificializados, como vertederos, canales o balsas.

– Adaptar la normativa urbanística para priorizar el interés público de las renovables, evitando que moratorias municipales frenen el despliegue.

Estas medidas permiten avanzar hacia un modelo energético seguro, eficiente y económicamente viable.

Participación y empoderamiento ciudadano

El decreto reconoce el papel de municipios y comunidades energéticas como actores centrales en la transición energética:

– Las comunidades energéticas locales pasan a ser entidades de utilidad pública, con reconocimiento legal y registro específico.

– Los ayuntamientos tienen competencias explícitas en promoción y participación en estos proyectos.

– Se garantiza una participación mínima del 20% del presupuesto de proyectos grandes para la comunidad local, reforzando la corresponsabilidad y el retorno al territorio.

Así, la transición energética deja de ser solo una responsabilidad empresarial y se convierte en un proceso democrático y compartido.

Hacia un modelo energético resiliente

El DL 22/2025 ofrece a Cataluña una base normativa sólida para avanzar hacia un sistema energético más resiliente, sostenible y democrático. Complementado con el PLATER, las políticas locales, el compromiso empresarial y la participación ciudadana, este decreto abre el camino hacia un modelo que minimiza riesgos, optimiza recursos e involucra a la sociedad en su propia transición energética.

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La responsabilidad del crecimiento y la transformación energética de España está en nuestras manos. Somos quienes debemos impulsarla.

En este marco, la intervención de Joan Herrera, con la charla “Almacenamiento distribuido: el nuevo vector de la transición energética”, subrayó un mensaje central: el almacenamiento distribuido es una herramienta colectiva, y es precisamente esta escala la que ofrece mayores beneficios para el sistema, para las personas usuarias y para la economía. El informe EBAFLEX lo confirma: en un escenario intermedio —con 1,4 GW de almacenamiento distribuido— se estiman beneficios de 1.447 M€ al año para el sistema eléctrico, junto con una reducción de 375 M€/año en inversión en la red de distribución, especialmente relevante en un contexto en el que la electrificación exigirá un esfuerzo inversor considerable.

La propuesta de modificación del RD 244, que incorpora el almacenamiento distribuido, permite abrir un escenario en el que el almacenamiento sea participado, en manos de múltiples actores. No es sólo más beneficioso para el sistema, es que además es más democrático, y es posible.

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Genera se ha consolidado como el encuentro de referencia para los profesionales e instituciones comprometidos con la sostenibilidad y la transformación energética. En este contexto, la presencia de SAMSO EDS responde a nuestro propósito de acompañar al tejido empresarial y a las administraciones en la adopción de modelos energéticos más resilientes y económicamente sostenibles.

Invitamos a todos los asistentes a acercarse a nuestro espacio para profundizar en nuestros proyectos, resolver consultas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Estaremos disponibles del 18 al 20 de noviembre en el Stand 8B32, Pabellón 8 de IFEMA Madrid. Será un placer compartir nuestra visión, escuchar tus necesidades y explorar juntos nuevas soluciones para avanzar hacia un futuro energético más sostenible.

La entrada SAMSO EDS, presente en Genera 2025 se publicó primero en Samso.

Durante el encuentro se explicó el modelo actual de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) para ayuntamientos, vinculado a licitaciones públicas, y se analizaron las claves para rentabilizar los proyectos municipales de eficiencia energética.

El papel de la ingeniería fue otro de los temas destacados, con la exposición de las auditorías, cálculos y planes de actuación necesarios para identificar y certificar los ahorros. Además, se presentaron buenas prácticas europeas, con el ejemplo de Francia, y un caso real de aplicación municipal: el del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que compartió su experiencia y aprendizajes.

El webinar contó con la participación de Joan Herrera, Marçal Musté, Mireia Matencio, Carlos Ventura y Eusebio Castañeda, quienes ofrecieron una visión completa sobre cómo los CAEs pueden convertirse en una herramienta clave para impulsar la eficiencia y el ahorro energético desde la administración local.

Si no pudiste asistir o quieres volver a verlo, puedes acceder al vídeo completo del webinar a continuación:

La entrada Webinar: Los CAEs como acelerador del ahorro energético en los ayuntamientos se publicó primero en Samso.

La entrada Nuevo impulso al autoconsumo: el Real Decreto que abre horizontes al almacenamiento y la energía compartida se publicó primero en Samso.

Un poco de contexto

“El sistema energético ha iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.” Así comenzaba el RDL 15/2018, la norma con la que hace 7 años el Gobierno inició su andadura energética. Hoy podemos celebrar que el camino hacia un nuevo paradigma sigue vivo. La propuesta de real decreto publicada el 08/10/2025 actualiza el marco del autoconsumo colectivo y alumbra el almacenamiento distribuido, por el que siempre ha abogado Samso, en la regulación española.

Eppur si mouve. Tan importante es saber a dónde vamos como de dónde venimos. El RDL 15/2018 comenzó la deconstrucción del edificio normativo antirrenovable vigente entonces. El ya famoso RD 244 perfiló los detalles técnicos, legales y económicos (que son muchos) del autoconsumo, siguiendo las líneas macro que definía el RDL 15/2018, como la ausencia de cargos y peajes o posibilidad de autoconsumo compartido. Sin detalle normativo, el cambio se queda en el BOE.

Pero no se quedó ahí. Hoy son más de 8.000 MW de nueva potencia dedicada al autoconsumo. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. La norma no era mala, de hecho, podemos decir que España pasó de tener la peor norma de autoconsumo (el RD 900/2015, así lo calificó la Agencia Internacional de la Energía), a una de las mejores. Los números no mienten; 8GW son mucha inversión, muchas personas, muchos proyectos, muchas placas. Sin una norma buena, esto no habría ocurrido. Pero tampoco sin el esfuerzo y compromiso de todo un sector. Ahora bien, hay a quien el autoconsumo no le interesa. Muchas distribuidoras han puesto palos en las ruedas al despliegue de esta solución técnica que es, sin duda, la punta de lanza y el mejor caso de éxito de la democratización de la energía. A veces por interés, a veces por, o amparado en, la falta de detalle normativo.

Los principales cambios

La realidad técnica y económica del autoconsumo, en particular el colectivo, es compleja. ¿Cuántos contadores hay que poner? ¿Cómo se imputa y factura cada tipo de energía? ¿Quiénes le tiene que comunicar qué a quién? Esta norma, pone luz allí donde había sombra y lo hace siempre en beneficio del despliegue del autoconsumo colectivo. No es perfecto, pero no está nada mal. Los principales cambios son los siguientes:

– Más radio (¡y menos tele!): Para instalaciones fotovoltaicas en cubierta o suelo industrial, el radio de 2km para a 5km.

– Un consumidor puede tener conectado en red interior un autoconsumo y compartir con sus vecinos lo que le sobre. Esto, que suena fácil, requiere de diversas adecuaciones regulatorias de detalle en cuanto a modalidades de autoconsumo, contadores, asignación de energía, etc. Ya lo dijimos, la aplicación técnico-normativa de detalle no es fácil. Para ejemplo un botón; este redactado no es artificioso, es lo que hace falta: “Energía horaria excedentaria compartida: En autoconsumo colectivo, energía eléctrica neta horaria generada por la instalación de producción asociada a un autoconsumo acogido a la modalidad con excedentes compartidos y que no ha sido consumida preferentemente por el consumidor principal.

– Un consumidor con un autoconsumo individual pequeño puede sumarse al autoconsumo colectivo de la comunidad energética de su pueblo. Para ello era necesario cambiar el régimen de compatibilidad entre modalidades de autoconsumo, entre otros.

– REE, como operador del sistema, quería más visibilidad sobre el autoconsumo para operar el sistema con seguridad. Concedido. Y, esto es importante, no a costa de los consumidores ni de la competitividad económica del autoconsumo.

Almacenamiento distribuido

En Samso hemos defendido firmemente, con ideas, redactados, propuestas, reuniones, eventos que el almacenamiento distribuido es una pieza clave para que los pequeños y medianos puedan seguir jugando un rol activo esta nueva fase de la transición energética. La Disposición Adicional tercera consagra lo anterior al hacer extensivo el régimen del autoconsumo, en su conjunto, lo cual valoramos muy positivamente, al almacenamiento distribuido “como si de una instalación de generación o producción se tratara”. Además, entra a regular en detalle la cuestión de cargos y peajes aplicables a esta energía, y otras cuestiones de detalle. Puede ser que no estén todas, y por supuesto desde Samso presentaremos las alegaciones que procedan para ayudar a que la norma sea lo más clara y operativa posible, pero el avance, el paso al frente, es contundente. Buena noticia para todos aquellos que entienden que la transición energética no va (sólo) de cambiar el color del mix energético. Sigamos avanzando por un sistema más justo, resiliente y distribuido.

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