El pasado 30 de junio se cerró el trámite de audiencia e información pública del Plan Social para el Clima (PSpC), el instrumento dotado con 9.099 millones de euros con el que el Gobierno quiere proteger a los hogares y microempresas vulnerables ante el fin de la dependencia de los combustibles fósiles. Desde SAMSØ quisimos aportar nuestro grano de arena, o quizás un poco más, presentando unas alegaciones con una medida concreta y de despliegue inmediato.
Nuestra propuesta es sencilla de enunciar y potente en su impacto: canalizar los excedentes del autoconsumo fotovoltaico hacia hogares vulnerables mediante el autoconsumo colectivo.
Una paradoja que no deberíamos asumir como normal
España vive una contradicción energética de primer orden. Por un lado, el país dispone de unos 10 GW instalados de autoconsumo fotovoltaico y, a pesar de ello, durante el 2025 se desaprovecharon 2.183 GWh de energía solar, con episodios crecientes de precios negativos en el mercado mayorista en horas de sol. Por el otro, 1,72 millones de hogares continúan en situación de pobreza energética, sin poder cubrir sus necesidades básicas de calefacción, refrigeración o iluminación.
Energía renovable que se pierde mientras millones de familias no pueden climatizar su hogar. No se trata de construir más antes de aprovechar lo que ya tenemos: se trata de usar mejor la energía limpia que ya estamos generando.
En qué consiste la propuesta
El modelo permite que quien genera excedentes renovables pueda ceder una parte de esta energía a familias vulnerables cercanas (dentro del radio legal de 5.000 metros que habilita el RDL 7/2026), con tres características clave:
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Trazabilidad en la factura: la distribuidora aplica automáticamente la reducción en la factura del hogar receptor.
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Cero inversión para quien recibe: la familia beneficiaria no tiene que realizar ningún desembolso ni cambiar de hábitos.
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Papel de las entidades del tercer sector: actúan como gestoras, verificadoras y certificadoras del impacto social, emitiendo incluso el certificado fiscal de la donación.
Qué plantean las alegaciones
Las alegaciones presentadas piden, entre otras cuestiones:
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Incorporar al PSpC una medida específica de autoconsumo colectivo de excedentes para hogares vulnerables (propuesta como nueva medida C1.M8 del Componente 1).
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Dar seguridad jurídica y fiscal a la cesión de excedentes, reconociendo la energía como bien donable en el marco de la Ley 49/2002 de mecenazgo.
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Reconocer formalmente el papel de las entidades del tercer sector como intermediarias y certificadoras de las donaciones energéticas.
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Establecer sinergias con la medida ya existente (C1.M5) de comunidades energéticas, en lugar de competir con ella.
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Impulsar proyectos piloto que permitan validar y escalar el modelo.
La dimensión de la oportunidad
Las cifras dejan clara la magnitud de lo que está en juego. Los excedentes fotovoltaicos hoy desaprovechados podrían traducirse en un ahorro directo para hasta 1,39 millones de hogares vulnerables, el 81% del total con bono social, con un impacto agregado estimado de hasta 185 millones de euros anuales en reducción de facturas.
Y todo esto con un coste público directo prácticamente nulo, sin infraestructura adicional y con un plazo de despliegue inferior a 12 meses desde la aprobación normativa, aprovechando el marco regulatorio ya vigente: el RDL 7/2026, la futura modalidad de autoconsumo compartido de excedentes y las obligaciones de la Directiva (UE) 2024/1711 sobre energy sharing.
Una solución que solo avanza desde la colaboración
Estas alegaciones las hemos compartido con UNEF (Unión Española Fotovoltaica), Cruz Roja Española, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y otras entidades, porque una solución de este alcance solo puede salir adelante con la suma del sector renovable, las entidades sociales, la administración pública y la ciudadanía.
Queremos agradecer especialmente a Xavi Bou Torrent, artífice de la idea y con quien hemos trabajado estas alegaciones, por impulsar una visión tan potente como necesaria: convertir kilovatios renovables que hoy pierden valor en ahorro real, dignidad y esperanza para familias vulnerables.
La pobreza energética no se combate solo con ayudas: también se combate diseñando mecanismos inteligentes para que la transición energética llegue primero a quien más la necesita.
