El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el DL 22/2025, con el objetivo de aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Cataluña y dar respuesta a la emergencia energética y climática. La entrada en vigor del decreto, publicada en el DOGC el 30 de octubre de 2025, establece un marco normativo que combina pacto social, ambición en la transición energética y participación ciudadana, siendo una propuesta de país que busca un modelo energético más justo, distribuido y arraigado en el territorio.
Pacto y gobernanza
El decreto sitúa el acuerdo social y territorial en el centro del despliegue renovable. Entre las medidas destacadas:
– Se definen dos fases de participación ciudadana: una de información pública y una segunda que permite a municipios y ciudadanía invertir y participar directamente en los proyectos.
– Los proyectos deben incluir un informe sobre la aceptación social, fomentando el retorno al territorio y la corresponsabilidad local.
– Se crean mesas de diálogo en cada veguería y se establecen acuerdos con el sector agrario para preservar suelos de valor agrícola.
Este enfoque busca reducir la litigiosidad y consolidar un marco de confianza entre administración, sector energético y ciudadanía.
Ambición para el cambio
Cataluña, que hasta ahora tenía cierto retraso en la transición energética, apuesta ahora por un modelo más robusto y sostenible. El decreto prevé:
– Considerar el almacenamiento eléctrico con baterías como infraestructura de interés público, clave para garantizar un suministro estable.
– Agilizar la tramitación de proyectos en espacios degradados o artificializados, como vertederos, canales o balsas.
– Adaptar la normativa urbanística para priorizar el interés público de las renovables, evitando que moratorias municipales frenen el despliegue.
Estas medidas permiten avanzar hacia un modelo energético seguro, eficiente y económicamente viable.
Participación y empoderamiento ciudadano
El decreto reconoce el papel de municipios y comunidades energéticas como actores centrales en la transición energética:
– Las comunidades energéticas locales pasan a ser entidades de utilidad pública, con reconocimiento legal y registro específico.
– Los ayuntamientos tienen competencias explícitas en promoción y participación en estos proyectos.
– Se garantiza una participación mínima del 20% del presupuesto de proyectos grandes para la comunidad local, reforzando la corresponsabilidad y el retorno al territorio.
Así, la transición energética deja de ser solo una responsabilidad empresarial y se convierte en un proceso democrático y compartido.
Hacia un modelo energético resiliente
El DL 22/2025 ofrece a Cataluña una base normativa sólida para avanzar hacia un sistema energético más resiliente, sostenible y democrático. Complementado con el PLATER, las políticas locales, el compromiso empresarial y la participación ciudadana, este decreto abre el camino hacia un modelo que minimiza riesgos, optimiza recursos e involucra a la sociedad en su propia transición energética.
