La investigación, liderada por SAMSØ bajo la dirección de Joan Herrera y Cristina Monge, socia de SAMSØ, analiza la percepción del sector profesional sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Daniela Castro participó también en la presentación del informe.
SAMSØ ha participado hoy en Madrid en la presentación del Barómetro CONAMA 2026, una investigación impulsada por Fundación Conama que analiza cómo se está aplicando en España el Convenio de Aarhus, el tratado internacional que reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.
El estudio, liderado por SAMSØ bajo la dirección de Joan Herrera y Cristina Monge, socia de SAMSØ, se ha elaborado a partir de 211 respuestas de profesionales, 23 entrevistas en profundidad y una sesión de contraste con 12 especialistas. Daniela Castro, también de SAMSØ, participó en la presentación del informe junto a Joan Herrera y Cristina Monge.
El acto fue conducido por Mónica López, meteoróloga y presentadora de RTVE, y contó con la intervención de Antonio Lucio, presidente de Fundación Conama, que presentó también la nueva edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2026. Tras la presentación del Barómetro, se celebró la mesa de debate “Neutralizar la desinformación a través de la comunicación”, moderada por Mónica López, con la participación de Gumersindo Lafuente, periodista de elDiario.es; Sergio Pasero, jefe de Soporte a la Operación de Red Eléctrica; Joan Herrera, socio fundador de SAMSØ; Cristina Monge, socia de SAMSØ; y Marina Vargas, coordinadora de Autoconsumo y divulgadora sobre Economía Social en Ecooo. El acto fue clausurado por Miguel González Suela, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Un marco sólido, pero con margen de mejora
El Barómetro CONAMA 2026 parte de una constatación clara: España dispone de un marco normativo sólido para garantizar los derechos reconocidos por el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2004 y transpuesto mediante la Ley 27/2006. Sin embargo, la investigación identifica una brecha entre el reconocimiento legal de esos derechos y su aplicación efectiva.
El acceso a la información ambiental aparece como el pilar que más ha avanzado. El 83,9% de los profesionales consultados ha solicitado información ambiental alguna vez a una administración pública, y existen experiencias positivas de transparencia activa. El reto, sin embargo, sigue siendo pasar de una transparencia reactiva —en la que la ciudadanía debe saber qué pedir, dónde pedirlo y cómo hacerlo— a una transparencia proactiva, accesible y comprensible.
En materia de participación pública, el Barómetro muestra que existe una cultura participativa activa: el 77,7% de los profesionales ha participado en algún proceso de consulta. La principal carencia detectada es la falta de retorno motivado. Es decir, la ausencia de una explicación clara sobre qué aportaciones se han incorporado, cuáles no y por qué. Para SAMSØ, este punto resulta central: sin devolución, la participación pierde capacidad de generar confianza y legitimidad.
El acceso a la justicia ambiental es el pilar con mayor recorrido de mejora. Aunque la Ley 27/2006 reconoce derechos como la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales, muchas organizaciones desconocen su existencia o encuentran dificultades para activarlos. A ello se suman la duración de los procesos, la desigualdad de recursos, la falta de especialización y los problemas de ejecución de sentencias.
Tres prioridades para avanzar
El Barómetro plantea tres recomendaciones prioritarias por su impacto y viabilidad a corto plazo.
La primera es reforzar la formación obligatoria sobre el Convenio de Aarhus en todos los niveles de la administración pública, con especial atención a la administración local. La segunda es establecer la obligación de retorno motivado en los procesos de participación pública. La tercera es garantizar de forma efectiva el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales previsto en la Ley 27/2006.
El estudio subraya también el papel clave de diputaciones, cabildos y consejos insulares para apoyar a los municipios, especialmente allí donde existen menos medios técnicos y humanos. La mejora de la aplicación del Convenio no depende únicamente de nuevas obligaciones, sino también de acompañamiento, formación, recursos y comunicación clara.
Como señalan Joan Herrera y Cristina Monge, el diagnóstico ya está hecho y las soluciones han sido planteadas desde el conocimiento de los propios profesionales del sector. El reto ahora es hacer que los derechos ambientales reconocidos sean plenamente ejercibles y conocidos por la ciudadanía.
Para SAMSØ, este trabajo refuerza una idea central: la transición ecológica necesita buenas normas, pero también instituciones capaces de aplicarlas, procesos participativos que generen confianza y una ciudadanía con acceso real a la información, la participación y la justicia ambiental.
“Hacer que se pueda” implica precisamente eso: convertir los derechos que ya tenemos en herramientas útiles para mejorar la calidad democrática de las políticas ambientales.
